La justicia para los niños y niñas debería basarse en los derechos de la infancia. Privar a los niños y niñas de su libertad (encarcelarles) debería ser siempre el último recurso. Deberían instaurarse procedimientos “que tengan en cuenta las cuestiones relativas a la infancia” para los niños y niñas que han sido víctimas o testigos de un delito.

Recluir a los niños y niñas que han cometido un delito en un centro de detención, reformatorio, escuela o cualquier otro entorno cerrado debería ser siempre el último recurso. La confinación puede perjudicar el desarrollo de la infancia y hacer que la reintegración en la sociedad sea más difícil.

Existen otros métodos como la mediación, el servicio comunitario y la terapia, que producen mejores resultados para los niños, niñas, sus familias y comunidades. Estas opciones son por lo general más respetuosas con los derechos de la infancia y ayudan a que los niños y niñas aprendan a asumir una posición más constructiva en el seno de la sociedad. Éste debería ser el objetivo de todas las intervenciones de justicia relacionadas con la infancia.

La mayoría de los niños y niñas que están detenidos no han cometido un delito grave. A menudo se les detiene por abandonar la escuela, por huir del hogar, por consumir alcohol, por merodear o pedir en las calles. Algunos niños y niñas están detenidos porque han sido explotados por adultos a través de la prostitución o el tráfico de drogas.

Los niños y niñas pueden permanecer detenidos durante meses o años aguardando que se examine su caso. Estos niños y niñas están más expuestos a padecer violencia, a consumir drogas, a contraer el VIH y a otros muchos problemas que amenazan su salud. La detención puede interrumpir su escolarización y distanciarles de su familia. Los niños y niñas que están detenidos por lo general precisan medidas de protección social, no judiciales.

En caso de niñas o niños detenidos, se deberán adoptar las siguientes medidas:

  • separarlos de los adultos delincuentes
  • tratar su caso dentro de un plazo breve
  • separarlos según el género
  • instaurar los medios adecuados para que puedan denunciar los actos violentos que se cometan contra ellos mientras están detenidos.

Las mujeres embarazadas y las madres que tienen hijos detenidos necesitan protección, cuidados y apoyo especiales.Todos los niños y niñas que se hallen en estas circunstancias merecen que se protejan sus derechos, como el acceso a la atención sanitaria y la educación.

Deberían instaurarse procedimientos legales “sensibles a la infancia” para los niños y niñas que han sido víctimas de un delito o lo hayan presenciado. Dichos procedimientos deberían:

  • prevenir el contacto entre el niño o niña y el supuesto perpetrador (la persona a quien se acusa de cometer el delito)
  • permitir la participación completa del niño o niña en el procedimiento jurídico
  • velar por que se trate al niño o niña con dignidad y compasión.